Artículo: Universidad, necesaria pero no suficiente

Públicado en el Diario "El Clarin", Buenos Aires Argentina. Columna "Desde fuera del ombligo"

No hace muchas décadas, la universidad irrumpió como el instrumento para el ascenso social y las personas descubrieron que más educación genera más productividad y finalmente mayores salarios. Esta verdad probada y verificada en mil estudios estadísticos, ha sido el motor que ha producido el crecimiento vertiginoso desde los 225 mil estudiantes universitarios de 1950 a los actuales 19 millones en América Latina y el Caribe. No ha habido mecanismo más eficaz para aumentar los ingresos y mejorar las condiciones personales que la educación superior; ni el empleo público, la sindicalización, la microempresa o la emigración que en algunos momentos pudieron ser buenas estrategias para mejorar las condiciones.
Pero algo está cambiando en la correlación entre educación y empleo, a medida que se gradúan millones de profesionales y que las economías se complejizan tecnológicamente. En 1992, un estudio de CEPAL mostraba que en la región se necesitaban 12 años de estudio para salir del ciclo de la pobreza al verificarse que con el bachillerato apenas se conseguía un salario mínimo. Peor aún, los retornos económicos para los que habían estudiado menos de 12 años eran nulos, lo cual significaba que para muchos estudiar casi solo tenía sentido si se continua y se ingresa en la Universidad. Algunas proyecciones han advertido que estamos entrando a un nuevo escenario donde se requieren 16 años de estudio y un titulo superior, para acceder a trabajos que permitan salir del ciclo infernal de pobreza marcado por baja productividad, empleos precarios y salarios mínimos. No sólo aumentaron las competencias requeridas. Con la masificación universitaria se creó una paradoja difícil de resolver: ante menos oportunidades de trabajo, más jóvenes se esfuerzan a estudiar, pero al tiempo como más profesionales egresan de las aulas y compiten por pocos puestos de trabajo, sus salarios tienden a caer por esa sobreoferta profesional.
La masificación ha sido un logro enorme aún a pesar del deterioro de calidad: en el 2008 de cada 100 jóvenes entre 20 y 24, 35 están estudiando educación postsecundaria en la región, con un egreso de 2 millones de profesionales por año. Ya casi el 10% de la población trabajadora ostenta estudios superiores. La incidencia de los profesionales en el trabajo varia: desde el 18% en República Dominicana a un 7% en Brasil, pero en todos lados aumenta sistemáticamente, y con más profesionales se produce una mayor competencia que a su vez deteriora los salarios al no crearse puestos u oportunidades en la misma proporción. Por todas partes se constata que leve pero persistentemente está aumentando el desempleo de los egresados del nivel superior, su tiempo de ingreso a los mercados laborales, su incidencia en la emigración internacional o su trabajo en áreas distintas a las que estudiaron. Por ahora los trabajos profesionales son empleos menos precarios, con mayores salarios y menor desempleo, pero cada día los indicadores caen y se acercan peligrosamente a los que no hicieron los esfuerzos de estudio, tiempo y dinero. Inclusive algunas claman por fijar salarios mínimos profesionales por ley En todas partes se buscan soluciones a este dilema y se imponen profundas reformas. La gente comienza a asumir que la respuesta es más educación especializada: descubren que con los conocimientos del título universitario apenas se saben apretar los tornillos de las fábricas urbanas del siglo XX, pero no los complejos botones del siglo XXI que requieren maestrías y doctorados. En Cuba el 7,7% de los universitarios cursan postgrados; en Venezuela el 6,8%; en México el 6% y en Colombia el 5,7%. Ya en casi todas las universidades de la región, tanto equipos rectorales como docentes deben ostentar el grado mínimo de doctores. Otro camino ha reafirmado la necesidad de una mayor empleabilidad de la educación. Se visualiza que no se puede continuar con profesionales generalistas, sino que se requieren competencias específicas y genéricas especializadas, pero también muy delimitadas con activa participación de los empleadores. Por allí avanza Chile, y sin duda Europa, donde los títulos se acompañan de un documento suplementario que establece las competencias de los egresados ajustados a su vez a currículos por competencias. En otros países se impone el licenciamiento y la recertificación obligatoria de profesionales, bajo un nuevo paradigma donde los títulos no tienen ya duración indefinida y los profesionales necesitan actualizar sus competencias para que esas certificaciones mantengan su validez. Perú, México o Brasil, han visualizado claramente que el dilema no se resuelve sólo en la universidad sino en la educación permanente, y han comenzado a imponer que el ejercicio profesional requiere previamente aprobar exámenes o prácticas profesionales. En Brasil por ejemplo los abogados rinden un exigente examen en la Orden de Abogados para poder litigar. Sociedades pensando en la protección del consumidor se preguntan si sirve una institución acreditada, mientras los egresados no se actualizan y sus conocimientos se tornan obsoletos y por ende riesgosos para sus sociedades. En 10 países de la región los Tratados de Libre Comercio imponen la recertificación obligatoria para poder ofrecer servicios profesionales en los países signatarios, lo cual regula la movilidad profesional. ¿Cómo seguir pensando que un titulo tenga valor toda la vida ante la expansión y obsolescencia del conocimiento? En general la diversidad de carreras, modalidades e instituciones, ha pretendido tradicionalmente ser una de las respuestas, pero los estudiantes siguen eligiendo educación, medicina, derecho y contables en un 70% y fatalmente reafirmando la tendencia a la sobreoferta educativa frente a nuestros estrechos mercados laborales. Y aunque existen también experiencias para resolver este dilema como los cupos por carreras en función de las demandas esperadas de empleo futuro, la educación privada seguirá siendo válvula de escape en nuestras sociedades democráticas, y volviendo a plantear nuevamente la solución en una educación permanente.
[1] Doctor en Educación, Doctor en Derecho, Ex Director UNESCO-IESALC.