Encrucijada de caminos para la investigación universitaria

Encrucijada de caminos para la investigación universitaria


Claudio Rama

(Publicado en La República, Montevideo, 30/10/2012)



Un reciente informe sobre Investigación & Desarrollo en el Uruguay afirma que existe un nivel bajo de inversión y escasa articulación con la producción como develan todos los ranking. Las causas son múltiples: universidades centradas en la formación profesionalizante de grado y catedrática, sistemas productivos que compiten gracias a ventajas naturales o carencia de doctores y desarticulación entre la academia y el mercado. Pero recientemente la estructura productiva comenzó a incorporar tecnologías locales que ha hecho más patente la debilidad y la necesidad de crear nuevos mecanismos de incentivo a la creación de conocimientos. Es consistente que en este nuevo contexto se impulse la discusión sobre la construcción de una nueva arquitectura de incentivo y regulación de la investigación. Es tal vez el tema más importante y complejo de cara al futuro del Uruguay: construir un sistema de innovación e investigación desideologizado, competitivo, sistémico y articulado a las demandas reales. Más allá de que el sistema académico y político parece concertar en el rol y la orientación concreta de la ANII, es un proceso con bajos consensos y altas diferencias: la UDELAR plantea la necesidad de más recursos presupuestales públicos para ellas, para las privadas incentivos y para el MEC la falta de investigación nacional descansa en la baja participación de las universidades privadas.

Estamos frente a un problema de recursos, de orientaciones, de arquitectura y de concertaciones y legitimaciones, en tanto la investigación es una alianza entre el Estado, el mercado y la academia. Es una actividad que requiere libertad y autonomía, protección intelectual e incentivos, y mucha competencia y capital de riesgo. Ella no tiene resultados asegurados, sino largos tiempo de maduración, y complejas articulaciones internacionales, entre el conocimiento básico y el aplicado y entre la academia y el mercado.

En Uruguay hay varias líneas viejas por las cuales pesada y burocráticamente transita la investigación y que requerirían verdaderas reingenierías, así como nuevas líneas que requerirían más incentivos e impulso y preservar que no se tornen sistemas de amigos, mecanismos de legitimación de tribus académicas, burocracias papelescas o sistemas sin resultados reales.

El pivote del sistema es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación a través de fondos concursables asociados al sector privado o demandas de investigación y que se ha constituido en el actor legitimado más importante en esta orientación y que debe ser preservado. El Sistema Nacional de Investigadores que distribuye fondos a los investigadores con el riesgo de visiones desde los comisarios políticos que tienden a actuar con relativa subjetividad, desvalorización de indicadores cuantitativos y alta dependencia de tribus académicas idologizadas y que ya parece requerir ser auditado seriamente por un órgano externo. La investigación de las privadas, casi inexistente como en todas partes del mundo sin fondos públicos, ya que en ningún lado se puede investigar a partir del financiamiento de las matrículas y menos sin doctorados autorizados y que requiere ser reanalizados. La UDELAR que realiza la investigación burocratizada con pésima eficiencia entre recursos y resultados y mucha ideología, pero que sin duda es el ámbito más importante de la investigación y que requiere ser preservado y donde los recursos deben estar asociados a resultados. Hay también en puerta un reciente camino, que deberá ser expandido de cara al futuro, de donaciones empresariales asociadas a exoneraciones tributarias. A escala mundial los sistemas de patrocinio y esponsoreo son los mecanismos más importantes de impulso a la investigación científica. Saca de la mano de las tribus ideológicas la evaluación de proyectos, la selección de investigadores y la asignación de recursos y pone a la sociedad en la gestión de la investigación pero sobre rumbos y marcos muy detallados. En Uruguay, se inició este recorrido con la Ley 18.083/2007 que creó un tratamiento fiscal beneficioso para quien realiza donaciones para investigación, permitiendo a las empresas disponer a su criterio una parte de los impuestos que pagarían, y seleccionando en qué proyecto de investigación quieren apoyar en lugar de volcar al estado la totalidad de los impuestos. Con ello, las orientaciones de la investigación son más amplias, el costo de la fricción del impuesto (gasto burocrático) se reduce, y las unidades de investigación compiten por recursos sobre quién desarrolla el mejor proyecto. En este contexto si una empresa realiza una “donación especial” ella dona solo el 18,75% ya que recupera el resto con certificados de crédito (75%) y computa fiscalmente el 25% restante como gasto, en su declaración jurada anual del impuesto a las rentas y al patrimonio. Ello actualmente sólo hasta el 5% del monto imponibles, pero dado la enorme lista de entidades autorizadas, ya se ha planteado que se aumente a 10% el porcentaje de renuncia fiscal con destino a proyectos autorizados por el MEF y que incluyen el control de los fondos donados, así como plazos y rendición de cuenta (Ley 18.834/ 2011). Los caminos están trazados, hay que decir cual es la combinación más eficiente y segura de llegar a los resultados que hoy no tenemos.