Una política educativa contra la educación privada
Claudio Rama
Publicado en el Diario La República, Montevideo, Uruguay, 25 de julio 2011
En Uruguay, la educación superior privada ha avanzado muy lentamente y desde el año 2006 ha estado marcada por un enfoque político restrictivo de alta regulación y persecución derivado de un enfoque ideológico que considera a la educación privada, la "rémora de la dictadura".
La educación privada se inicio entre las más tardes del mundo en 1984, pero con la llegada del gobierno de izquierda del Frente Amplio se ha buscado reducir su autonomía de gestión y acotar su crecimiento. El instrumento han sido los dictámenes del Consejo Consultivo y los tiempos de resolución, los que a pesar de tener un nivel de mero asesoramiento y sus decisiones no vinculantes de hecho se ha conformado como un ámbito regulador y normativo que ha utilizado el MEC para esos fines
El cambio de la política educativa fue inmediato al cambio de gobierno. El Dictamen 232 del 2006 enmienda la plana a la norma del Decreto 309 que es de rango superior, y dispone que ese Decreto de regulación en lo que refiere a los valores establecidos por esa norma son "condición imprescindible, pero no necesariamente suficiente" y que por ende el Consejo está en posibilidad de establecer si una "propuesta académica", más allá de que ella cumpla los criterios del Decreto del Poder Ejecutivo, tiene nivel de aceptación.
Tal decisión, no avalada por decreto del Poder Ejecutivo -y por ende- de jerarquía jurídica inferior y por ende ilegal en tanto modifica una norma y un enfoque de un órgano superior¬ cambió el concepto mismo del estándar mínimo, e introdujo un manejo absolutamente discrecional por parte del Consejo Consultivo, al regular desde la ausencia de estándares establecidos y donde la autorización de los programas debería ser una revisión del cumplimiento de esos requisitos, para pasar a regular basado en un modelo subjetivo, y no previamente explicitado, de opinión de pares seleccionados también con relativa arbitrariedad, y específicamente por la mayoría dentro del Consejo Consultivo. Inclusive cuando los pares no comparten los criterios del Consejo, este se abroga roles académicos que carece. A partir de este esquema, el sistema se volvió engorroso, lento, arbitrario e ideológico.
Entre tribus académicas, concepciones ideológicas o arbitrariedades administrativas se ha sentado la política pública educativa en materia universitaria. La educación pública de gestión privada con ello ha pasado a ser de hecho un servicio totalmente subordinado y con un funcionamiento dependiente y se podría argumentar que la dirección real de las universidades recae en ese Consejo que es quién regula arbitrariamente lo que ellas pueden hacer dada la inexistencia de estándares de funcionamiento.
Hay un largo camino de dictámenes arbitrarios en este sendero donde los criterios de aprobación de los programas y cambios a ellos son resultados de la arbitrariedad decisional por parte del Consejo. Se carece de indicadores que deben cumplir los programas de las universidades privadas para ser autorizados en términos de estándares, sino que la base es un modelo de regulación no explícito basado en criterios subjetivos, decisiones personales y de opinión de pares preseleccionados.
Estos criterios se aplican exclusivamente al sector privado, en tanto que el sector público no está sujeto a ninguna supervisión externa. (De hecho en ningún país de América Latina, y probablemente del mundo, existe esta situación desatinada en términos de política pública y de control de la calidad educativa como que estructuró el MEC, y cuya única finalidad es mantener limitada la educación privada que los partidos tradicionales facilitaron y que el Frente Amplio desde que es gobierno ha buscado limitar y entorpecer).
Solo basta pensar que para resolver una autorización de una carrera el tiempo promedio puede ser cinco años bajo la actual dirección y finalmente imponen sus propios criterios teóricos de qué asignatura o contenido debe o no debe ir, con lo cual la libertad de enseñanza queda en un papel ideologizado, mientras que por el otro lado la universidad pública no tiene ninguna regulación externa.
Con los cambios normativos referidos, se pasó a un criterio de regulación impreciso y cambiante, el cual además es interpretado por un órgano con una mayoría automática del sector público educativo, y donde el peso lo tiene la universidad pública que es además competidora en esos proyectos, pero cuyos estándares establecidos, no deben ser cumplidos por ella misma, en tanto ella es autónoma por su marco normativo a la aprobación, puesta en funcionamiento y validez de los títulos de sus programas académicos. No es casualidad que la educación privada superior sea la más baja del mundo. Es un logro de la política del MEC
Publicado en el Diario La República, Montevideo, Uruguay, 25 de julio 2011
En Uruguay, la educación superior privada ha avanzado muy lentamente y desde el año 2006 ha estado marcada por un enfoque político restrictivo de alta regulación y persecución derivado de un enfoque ideológico que considera a la educación privada, la "rémora de la dictadura".
La educación privada se inicio entre las más tardes del mundo en 1984, pero con la llegada del gobierno de izquierda del Frente Amplio se ha buscado reducir su autonomía de gestión y acotar su crecimiento. El instrumento han sido los dictámenes del Consejo Consultivo y los tiempos de resolución, los que a pesar de tener un nivel de mero asesoramiento y sus decisiones no vinculantes de hecho se ha conformado como un ámbito regulador y normativo que ha utilizado el MEC para esos fines
El cambio de la política educativa fue inmediato al cambio de gobierno. El Dictamen 232 del 2006 enmienda la plana a la norma del Decreto 309 que es de rango superior, y dispone que ese Decreto de regulación en lo que refiere a los valores establecidos por esa norma son "condición imprescindible, pero no necesariamente suficiente" y que por ende el Consejo está en posibilidad de establecer si una "propuesta académica", más allá de que ella cumpla los criterios del Decreto del Poder Ejecutivo, tiene nivel de aceptación.
Tal decisión, no avalada por decreto del Poder Ejecutivo -y por ende- de jerarquía jurídica inferior y por ende ilegal en tanto modifica una norma y un enfoque de un órgano superior¬ cambió el concepto mismo del estándar mínimo, e introdujo un manejo absolutamente discrecional por parte del Consejo Consultivo, al regular desde la ausencia de estándares establecidos y donde la autorización de los programas debería ser una revisión del cumplimiento de esos requisitos, para pasar a regular basado en un modelo subjetivo, y no previamente explicitado, de opinión de pares seleccionados también con relativa arbitrariedad, y específicamente por la mayoría dentro del Consejo Consultivo. Inclusive cuando los pares no comparten los criterios del Consejo, este se abroga roles académicos que carece. A partir de este esquema, el sistema se volvió engorroso, lento, arbitrario e ideológico.
Entre tribus académicas, concepciones ideológicas o arbitrariedades administrativas se ha sentado la política pública educativa en materia universitaria. La educación pública de gestión privada con ello ha pasado a ser de hecho un servicio totalmente subordinado y con un funcionamiento dependiente y se podría argumentar que la dirección real de las universidades recae en ese Consejo que es quién regula arbitrariamente lo que ellas pueden hacer dada la inexistencia de estándares de funcionamiento.
Hay un largo camino de dictámenes arbitrarios en este sendero donde los criterios de aprobación de los programas y cambios a ellos son resultados de la arbitrariedad decisional por parte del Consejo. Se carece de indicadores que deben cumplir los programas de las universidades privadas para ser autorizados en términos de estándares, sino que la base es un modelo de regulación no explícito basado en criterios subjetivos, decisiones personales y de opinión de pares preseleccionados.
Estos criterios se aplican exclusivamente al sector privado, en tanto que el sector público no está sujeto a ninguna supervisión externa. (De hecho en ningún país de América Latina, y probablemente del mundo, existe esta situación desatinada en términos de política pública y de control de la calidad educativa como que estructuró el MEC, y cuya única finalidad es mantener limitada la educación privada que los partidos tradicionales facilitaron y que el Frente Amplio desde que es gobierno ha buscado limitar y entorpecer).
Solo basta pensar que para resolver una autorización de una carrera el tiempo promedio puede ser cinco años bajo la actual dirección y finalmente imponen sus propios criterios teóricos de qué asignatura o contenido debe o no debe ir, con lo cual la libertad de enseñanza queda en un papel ideologizado, mientras que por el otro lado la universidad pública no tiene ninguna regulación externa.
Con los cambios normativos referidos, se pasó a un criterio de regulación impreciso y cambiante, el cual además es interpretado por un órgano con una mayoría automática del sector público educativo, y donde el peso lo tiene la universidad pública que es además competidora en esos proyectos, pero cuyos estándares establecidos, no deben ser cumplidos por ella misma, en tanto ella es autónoma por su marco normativo a la aprobación, puesta en funcionamiento y validez de los títulos de sus programas académicos. No es casualidad que la educación privada superior sea la más baja del mundo. Es un logro de la política del MEC
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