Postgrados: La educación necesaria pero marginada

Públicado en La República 19-8-11, Montevideo

Claudio Rama

Economista (UCV-UdelaR); posdoctorado en Filosofía de la Educación (Unicamp); posdoctorado en Educación (Unesr); ex director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)

La apertura económica, las complejidades productivas, la expansión del conocimiento y la competencia de profesionales están impulsando el aumento de los posgrados a escala global. Es el desafío para los sistemas universitarios centrados en el grado cuyo título es el requisito en el mercado laboral. Esa realidad tiende a cambiar y hay un nuevo rumbo que sigue a los médicos que solo luego de concluir una especialidad médica es que ingresan al ejercicio profesional. El título de grado tiende a menores retornos económicos, e impulsa a los profesionales a estudios de posgrado. La diferencia de salarios entre bachilleres y universitarios se acorta y el salto salarial se da luego de 20 años de estudios, o sea luego de la maestría y el doctorado. O más aún, en las dos mejores universidades de Latinoamérica, la UNAM y Unicamp, para ingresar como docente de planta se requiere posdoctorado. El grado, que antes era el ciclo final de los estudios universitarios, se ha tornado en una nueva educación media y el ciclo de posgrado como la educación superior.

América Latina está frente a este desafío global y desde los 90 expande los posgrados. Entre 1994 y el 2000 estos crecieron al 31% anual. En 1994 eran apenas 185.393 estudiantes de posgrado, el 2,5% del total de los universitarios. En el 2000, eran ya 535.198, el 3,6%. En el 2006, el 4.2% y actualmente son cerca de un millón, el 5% del total. Sin embargo, es abismal la distancia con el mundo desarrollado donde más del 25% de los estudiantes universitarios, son de posgrado.

En Uruguay los estudios de posgrados son muy reducidos afectando con una incidencia cada vez mayor en el desarrollo. Aunque lamentablemente las estadísticas universitarias uruguayas son incompletas en tanto la UdelaR no rinde cuentas y se desconoce cuántos estudiantes de posgrado tiene, si se conocen los ingresantes y los egresos de todo el sistema. En el 2009 iniciaron estudios de posgrados apenas 2820 profesionales, de los cuales el 51,3% lo hizo en universidades privadas. Mientras en la UdelaR el ingreso de posgraduantes era apenas el 2,7% de su total, en las privadas de cada 100 estudiantes que ingresaron en ese año el 28% lo hizo en posgrados. En ese mismo año, egresaron 1079 posgraduados del sistema universitario de los cuales el 41% provinieron de las universidades privadas.

De cada 100 egresos de la UdelaR apenas el 11,8% eran de estudios de posgrado, en tanto que de cada 100 egresados de las privadas, el 24,3% era de estudios de posgrado. La conclusión es simple. Gracias al aporte de la educación privada el país está pudiendo formar los pocos profesionales altamente especializados que existen. Ello se produce ante una mayor cantidad de posgrados de menor duración en las privadas, de una mayor focalización del sector privado a las nuevas demandas del mercado y a la concentración de la UdelaR en la absorción de demandas masivas de grado. Ante esa realidad el Consejo Técnico Consultivo de la Educación Terciaria Privada del MEC ha iniciado una política para restringir los posgrados privados a través del Dictamen 328, pretendiendo cambiar los estándares del Decreto 308, a través de normas de dudosa validez jurídica, más exigentes que la ordenanza de posgrado de la Udelar y que conciben a las maestrías y doctorados solo como programas académicos teóricos y de investigación y limitando su diversidad como programas profesionales articulados al ejercicio profesional. Ello junto a autorizaciones lentas y arbitrarias, están impidiendo cumplir la demanda de posgrados que profesionales y empresas reclaman en términos de cantidad, diversidad y criterios de calidad.

La reducida oferta de posgrados en el país, tiene un impacto en la fuga de cerebros en tanto drenaje de capital humano y pérdida de recursos en el país. La ausencia de incentivos, la oferta academicista y la reglamentación burocrática asfixiante limita la formación de capacidades que hoy se constituye en el centro del desarrollo y cuello de botella de la expansión económica del país. Según la Unesco, para el año 2008 el Uruguay tenía 2207 estudiantes terciarios fuera del país: entre los cuales 500 en Argentina, 458 en USA, 367 en Cuba, 308 en España y 140 en Francia. Se infiere que en Uruguay los estudiantes de posgrado que se van al extranjero a estudiar ante la ausencia de ofertas locales son casi el 30% de los estudiantes de posgrado. Solo las elites universitarias y de altos ingresos acceden a esta posibilidad. Además, en la región el 15% no los estudiantes que van a los países desarrollados no regresan. En Uruguay este guarismo puede ser mayor.

A escala mundial los sistemas fomentan la diversidad y la educación especializada que requieren las sociedades modernas, mientras que en Uruguay el objetivo parece ser limitar la formación de capital humano local privado e impulsar la formación de posgrados a los que pueden irse al extranjero. Estas visiones erróneas, finalmente la paga toda la sociedad.

El exceso de vida útil de los títulos universitarios en Uruguay

Claudio Rama

Publicado en el Diario La República, Montevideo, 4 de agosto, 2011

En Uruguay los títulos académicos que emiten las universidades habilitan el ejercicio profesional con vigencia indefinida. A escala mundial, el ejercicio profesional requiere además del titulo académico el licenciamiento ante los colegios profesionales o ámbitos gubernamentales y la posterior recertificación de competencias cada cierto tiempo ante los colegios. Es otra de las falencias de nuestro sistema universitario, que hoy se torna necesario modificar ante el cambio en los mercados profesionales, la necesidad de garantizar la calidad y las tendencias de la movilidad y del ejercicio profesional.
En el país están aumentando los profesionales: mientras que en 2000 se graduaron 3.791, en el año 2009 fueron 7.185 los graduados profesionales, con un incremento anual de 7,4 por ciento. Para el 2009, el 9,4 por ciento de la población tenía la terciaria completa. La cantidad de profesionales, que alcanza a 89.512, se duplicó en la primera década del siglo, y el 41 por ciento de ellos cotiza a la Caja Profesional. A ello han contribuido también las privadas, ya que mientras en el 2000 la Udelar aportó el 80,5 por ciento de los profesionales, para el 2009 las privadas aportaron el 25,8 por ciento de los egresados, con una tasa de crecimiento interanual del 10,8 por ciento.

¿Quién garantiza la calidad en el tiempo de esos profesionales? El Ministerio se preocupa por la situación de la enseñanza actual, pero ¿de qué sirven programas muy actualizados, si los egresados luego no se actualizan y recertifican sus competencias? En números absolutos comienzan a ser más los profesionales que los estudiantes universitarios. Son muchos los riesgos para pacientes y clientes ante la ausencia de garantía de la calidad de los profesionales, así como también se desestimulan aquellos que están permanentemente actualizados y esforzándose en invertir en estar al día. La ausencia de garantías de calidad también impacta en salarios por debajo de la productividad por la incertidumbre de sus reales competencias.

En la región se están introduciendo políticas de licenciamiento profesional asignándoles a los colegios profesionales el otorgamiento de las habilitaciones del ejercicio profesional y/o la recertificación continua de competencias. En Brasil, por ejemplo, todos los abogados tienen que rendir un examen ante la Orden de Abogados y solo los que lo aprueban pueden litigar ante los tribunales. Este sistema de aseguramiento de la calidad está vigente en todos los países desarrollados y está introducido en esta década en cada vez más profesiones, en México, Chile, Colombia, Perú y Brasil. No importa dónde estudiaron, todos deben rendir evaluaciones como en Estados Unidos. En Uruguay se jura meramente ante la Suprema Corte.

La Constitución del Uruguay establece que "toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes", y sin duda se pudiera razonar que es de interés público que un profesional se actualice y se garanticen sus habilidades. Ante la ausencia de un sistema de seguros de responsabilidad profesional, esa actualización se torna más imperiosa. También es una forma de regular e incentivar la competencia profesional en base a impulsar la actualización continua ante la rapidez del cambio tecnológico y la expansión de los saberes que crean la obsolescencia de nuestros conocimientos. Hoy la experiencia ya no es el factor fundamental de la actualización de las competencias.

El intento de cambiar el sistema en Uruguay e imponer la recertificación fue un tema de hace más de 20 años y de fracaso. En 1990 el Ministerio de Salud Pública presentó un Proyecto de Ley de Recertificaciones Médicas aplicable a los cinco años de recibidos los títulos a los médicos que se engavetó. Finalmente en 1991 decretó la recertificación médica, que establecía que los títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión tuvieran una validez cronológicamente limitada, debiéndose renovar periódicamente. El sistema no se impuso ante la resistencia de la Facultad de Medicina y los gremios médicos. En 1999 se acordó formular un anteproyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional de Educación Médica Continua, pero no se instrumentó y los cursos de actualización de la Facultad de Medicina no tienen valor legal ni obligatoriedad, ni dan ningún beneficio salarial o académico, y por ende no permiten dar garantía de la calidad de un profesional. Pero no se debe reducir el problema a esta profesión sino que es de todas.

Establecer políticas en la materia que den poder de regulación a los colegios profesionales en el licenciamiento académico y en la recertificación de competencias es una de las reformas educativas necesarias en la transformación de la arquitectura universitaria con miras a garantizar la calidad de certificaciones, cumplir los compromisos acordados en 2003 para impulsar la movilidad profesional en el deteriorado Mercosur educativo y para democratizar la regulación universitaria, encerrada hoy en cuatro paredes.