La Universidad privada en Venezuela (I) - Claudio Rama
Articulo publicado en El Nacional, Caracas, Venezuela marzo 2011
Las dos primeras universidades privadas en Venezuela, nacen prácticamente juntas bajo el gobierno militar de Pérez Jiménez en 1953 en cuya época se aprueba el primer marco normativo que permite su existencia. La primera, la Universidad Santa María, laica de tipo empresarial, se forma bajo iniciativa de Lola Fuenmayor, quién preocupada por la existencia de sólo instituciones de educación superior pertenecientes al Estado y ante un gobierno represivo, visualizó la necesidad de más opciones para que los jóvenes del país se formaran “libremente como profesionales”. La segunda institución creada, la Universidad Católica Andrés Bello, fue promovida por el Episcopado Venezolano y confiada a la Compañía de Jesús para su administración. Esta es una derivación del cambio político producido con el golpe de Estado militar al Gobierno de Rómulo Gallegos, uno de cuyos temas centrales fue la confrontación entre ése gobierno y la Iglesia católica ante el intento de regulación sobre la educación religiosa por parte del Estado. En el 2004 sobre este tema escribimos “Una nueva confrontación se produjo entre el sector privado, fundamentalmente religioso, y el sector público sobre el rol regulador del Estado en materia de educación a propósito de la aprobación del Decreto 321 del 30 de mayo de 1946 (…) en el cual la educación privada se presentaba como de segunda categoría al estar sujeta al control oficial”.
El Decreto fue finalmente derogado por el Gobierno que evaluó así claramente el peso de la Iglesia en la educación privada y su capacidad de movilización política. (…) Los enfrentamientos con la Iglesia fueron los más significativos en esa época. Por detrás no era sólo un problema de laicidad y religión. En ese sentido, la tesis opuesta a considerar la educación como función esencial del Estado la sintetizó Rafael Caldera quien para entonces era diputado, al afirmar que “nosotros queremos intervención del Estado en la enseñanza pero no orientación del Estado en la misma. (Rama, Claudio. 2006)
El gobierno militar no alteró el modelo universitario de una educación superior pública de élite que lentamente se fue masificando sobre la base de la gratuidad y de una economía altamente dinámica a través del gasto público como redistribuidor del ingreso petrolero. Con la reinstauración de la democracia y el regreso de alguna de las bases del modelo de Estado Docente y la aprobación de la Ley de Autonomía Universitaria en 1958, el sistema público aumentó su proceso de lenta masificación al tiempo que el sector privado se mantenía como un sector marginal de élites asociado a los crecientes ingresos de las familias.
Tal dinámica universitaria desde los ochenta comenzó a cambiar, asociada a las restricciones de financiamiento, a una mayor orientación hacia la calidad y al continuo aumento de las demandas de acceso. Se aumentaron las restricciones de acceso que por su parte derivó en un incremento del sector privado, tanto sobre la base de un sector de elites, como de absorción de demanda o de ofertas no universitarias de bajo costo. Ello fue la base que permitió el pasaje desde una educación superior de élites a una educación superior de masas en el país, gracias al aporte creciente de la educación privada junto a la pública.
La expansión institucional y de cobertura se dio sobre la base de una relativa autonomía y de una relativa regulación sistémica establecida en la Ley de Universidades de 1970 que establecía que el Consejo Nacional de Universidades era el ámbito que aprobada la creación de programas e instituciones tanto para el sector privado como al sector público.
La dinámica se basaba en una educación gestionada por Asociaciones Civiles o Fundaciones sin fines de lucro que la propia Constitución de 1999, siguiendo la tradición, dispuso también en su Artículo 106 que “Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo...”.
El Decreto fue finalmente derogado por el Gobierno que evaluó así claramente el peso de la Iglesia en la educación privada y su capacidad de movilización política. (…) Los enfrentamientos con la Iglesia fueron los más significativos en esa época. Por detrás no era sólo un problema de laicidad y religión. En ese sentido, la tesis opuesta a considerar la educación como función esencial del Estado la sintetizó Rafael Caldera quien para entonces era diputado, al afirmar que “nosotros queremos intervención del Estado en la enseñanza pero no orientación del Estado en la misma. (Rama, Claudio. 2006)
El gobierno militar no alteró el modelo universitario de una educación superior pública de élite que lentamente se fue masificando sobre la base de la gratuidad y de una economía altamente dinámica a través del gasto público como redistribuidor del ingreso petrolero. Con la reinstauración de la democracia y el regreso de alguna de las bases del modelo de Estado Docente y la aprobación de la Ley de Autonomía Universitaria en 1958, el sistema público aumentó su proceso de lenta masificación al tiempo que el sector privado se mantenía como un sector marginal de élites asociado a los crecientes ingresos de las familias.
Tal dinámica universitaria desde los ochenta comenzó a cambiar, asociada a las restricciones de financiamiento, a una mayor orientación hacia la calidad y al continuo aumento de las demandas de acceso. Se aumentaron las restricciones de acceso que por su parte derivó en un incremento del sector privado, tanto sobre la base de un sector de elites, como de absorción de demanda o de ofertas no universitarias de bajo costo. Ello fue la base que permitió el pasaje desde una educación superior de élites a una educación superior de masas en el país, gracias al aporte creciente de la educación privada junto a la pública.
La expansión institucional y de cobertura se dio sobre la base de una relativa autonomía y de una relativa regulación sistémica establecida en la Ley de Universidades de 1970 que establecía que el Consejo Nacional de Universidades era el ámbito que aprobada la creación de programas e instituciones tanto para el sector privado como al sector público.
La dinámica se basaba en una educación gestionada por Asociaciones Civiles o Fundaciones sin fines de lucro que la propia Constitución de 1999, siguiendo la tradición, dispuso también en su Artículo 106 que “Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo...”.
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