jueves, 28 de julio de 2011

Cuaderno de FLACSO: Bien público, autonomía e internacionalización, en los nuevos rumbos de la educación superior




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La Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Académica, Costa Rica acaba de publica en su serie Cuadernos de Ciencias Sociales Nº 157 un número titulado "Nuevos rumbos de la educación superior en América Latina: Bien público, autonomía e internacionalización" que reune trabajos de Jorge Mora Alfaro y de Claudio Rama. ISSN: 1409-3677. Fue una enorme amabilidad del director de la Sede Académica de Flacso San José, Jorge Mora que me invito a esta publicación conjunta que pone en acento en las diversas implicancias que la internacionalización esta produciendo en los sistemas universitarios en la región. En este un vasto continente de reflexiones asociadas al fenómeno no esta fuera la discusión sobre los conceptos del "bien público" que en la década pasada se constituyeron en categorías básicas de la propia políticas pública y de las estrategias de los países. Los dos trabajos que componene el Cuaderno, pueden accederse en el sitio de la Flacso de Costa Rica.

miércoles, 27 de julio de 2011

Una política educativa contra la educación privada

Claudio Rama
Publicado en el Diario La República, Montevideo, Uruguay, 25 de julio 2011

En Uruguay, la educación superior privada ha avanzado muy lentamente y desde el año 2006 ha estado marcada por un enfoque político restrictivo de alta regulación y persecución derivado de un enfoque ideológico que considera a la educación privada, la "rémora de la dictadura".
La educación privada se inicio entre las más tardes del mundo en 1984, pero con la llegada del gobierno de izquierda del Frente Amplio se ha buscado reducir su autonomía de gestión y acotar su crecimiento. El instrumento han sido los dictámenes del Consejo Consultivo y los tiempos de resolución, los que a pesar de tener un nivel de mero asesoramiento y sus decisiones no vinculantes de hecho se ha conformado como un ámbito regulador y normativo que ha utilizado el MEC para esos fines
El cambio de la política educativa fue inmediato al cambio de gobierno. El Dictamen 232 del 2006 enmienda la plana a la norma del Decreto 309 que es de rango superior, y dispone que ese Decreto de regulación en lo que refiere a los valores establecidos por esa norma son "condición imprescindible, pero no necesariamente suficiente" y que por ende el Consejo está en posibilidad de establecer si una "propuesta académica", más allá de que ella cumpla los criterios del Decreto del Poder Ejecutivo, tiene nivel de aceptación.
Tal decisión, no avalada por decreto del Poder Ejecutivo -y por ende- de jerarquía jurídica inferior y por ende ilegal en tanto modifica una norma y un enfoque de un órgano superior¬ cambió el concepto mismo del estándar mínimo, e introdujo un manejo absolutamente discrecional por parte del Consejo Consultivo, al regular desde la ausencia de estándares establecidos y donde la autorización de los programas debería ser una revisión del cumplimiento de esos requisitos, para pasar a regular basado en un modelo subjetivo, y no previamente explicitado, de opinión de pares seleccionados también con relativa arbitrariedad, y específicamente por la mayoría dentro del Consejo Consultivo. Inclusive cuando los pares no comparten los criterios del Consejo, este se abroga roles académicos que carece. A partir de este esquema, el sistema se volvió engorroso, lento, arbitrario e ideológico.
Entre tribus académicas, concepciones ideológicas o arbitrariedades administrativas se ha sentado la política pública educativa en materia universitaria. La educación pública de gestión privada con ello ha pasado a ser de hecho un servicio totalmente subordinado y con un funcionamiento dependiente y se podría argumentar que la dirección real de las universidades recae en ese Consejo que es quién regula arbitrariamente lo que ellas pueden hacer dada la inexistencia de estándares de funcionamiento.
Hay un largo camino de dictámenes arbitrarios en este sendero donde los criterios de aprobación de los programas y cambios a ellos son resultados de la arbitrariedad decisional por parte del Consejo. Se carece de indicadores que deben cumplir los programas de las universidades privadas para ser autorizados en términos de estándares, sino que la base es un modelo de regulación no explícito basado en criterios subjetivos, decisiones personales y de opinión de pares preseleccionados.
Estos criterios se aplican exclusivamente al sector privado, en tanto que el sector público no está sujeto a ninguna supervisión externa. (De hecho en ningún país de América Latina, y probablemente del mundo, existe esta situación desatinada en términos de política pública y de control de la calidad educativa como que estructuró el MEC, y cuya única finalidad es mantener limitada la educación privada que los partidos tradicionales facilitaron y que el Frente Amplio desde que es gobierno ha buscado limitar y entorpecer).
Solo basta pensar que para resolver una autorización de una carrera el tiempo promedio puede ser cinco años bajo la actual dirección y finalmente imponen sus propios criterios teóricos de qué asignatura o contenido debe o no debe ir, con lo cual la libertad de enseñanza queda en un papel ideologizado, mientras que por el otro lado la universidad pública no tiene ninguna regulación externa.
Con los cambios normativos referidos, se pasó a un criterio de regulación impreciso y cambiante, el cual además es interpretado por un órgano con una mayoría automática del sector público educativo, y donde el peso lo tiene la universidad pública que es además competidora en esos proyectos, pero cuyos estándares establecidos, no deben ser cumplidos por ella misma, en tanto ella es autónoma por su marco normativo a la aprobación, puesta en funcionamiento y validez de los títulos de sus programas académicos. No es casualidad que la educación privada superior sea la más baja del mundo. Es un logro de la política del MEC

¿Educación superior pública “gratuita” de pago diferido? - Claudio Rama

Publicado en el Diario La República, Montevideo, Uruguay, 07-07-2011


La gratuidad de la Universidad pública latinoamericana ha sido uno de sus componentes fundamentales que ha sido impulsado por el cogobierno y la autonomía. Tal realidad distancia estas universidades de la región de sus similares en todo el mundo. Si bien nuestra dinámica era parecida a la europea donde existía gratuidad, sin embargo desde fines de los 90, se terminó el acceso no pagante y se estructuró un modelo de financiamiento que se orienta al modelo de USA, en el cual el estado, los estudiantes y aportes privados, aportan los recursos necesarios. Igualmente la realidad latinoamericana está también frente a la tensión de los costos, la demanda de eficiencia y la equidad. En Uruguay, también la tradicional gratuidad ha ido cambiando. Más allá del formato normativo de la gratuidad de la educación estatal que fue fijado en la Ley de Educación del 2009, la gratuidad en el nivel terciario es relativa por cuanto existe un impuesto que pagan todos los profesionales terciarios egresados del sector público. Es este un pago que durante 25 años deben realizar todos los egresados terciarios y profesionales y se destina tanto a un fondo de solidaridad de becas para estudiantes como a inversiones y recursos para la Universidad de la República. Es claramente un pago diferido en el tiempo por los estudios realizados en la educación superior pública.
El cambio de la gratuidad de la educación superior uruguaya se dio desde la Ley Nº 16.524 de 1994 y de la Ley Nº 17.451 del 2002, que establecieron un impuesto a los profesionales egresados de la educación terciaria pública, y que de hecho significa un pago diferido en el tiempo por sus estudios, y que en un inicio consistía en un salario mínimo por año. El monto de estos ingresos se destina a un Fondo de Solidaridad cuyo cometido es financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico- Profesional, que carezcan de recursos económicos suficientes, así como a gastos propios de la Universidad de la República. Inicialmente la norma 16.524 solo destinaba esos recursos a un sistema de becas, pero posteriormente se aprobó otra la ley 17.296 del 2001 y su modificativa 17.451, se amplió el monto de los pagos a partir de la creación de una contribución anual adicional a los profesionales egresados del sector público que se asigna a la Universidad de la República.
La Ley 16.524 estableció aportes anuales una vez cumplidos los diez años de expedición o reválida del mismo, de entre un y cuatro salarios mínimos, durante 25 años. Dicha obligación fue ampliada en la Ley 17.451/2002 que estableció un aporte de los egresados de carreras con duración igual o superior a cinco años, de 1.6 salarios mínimo; de los egresados de carreras de cuatro y menos de cinco años de un salario mínimo; y de los egresados de carreras menores a cuatro años de un pago anual de medio salario mínimo. El monto de este adicional de 1.6 salarios mínimos, hasta en un 60% se destina a gastos de apoyo a docentes, un 35% a proyectos en el interior del país, 25% para formación docente y 40% para infraestructura. En el año 2009, la UDELAR recibió 9,3 millones de dólares de estos impuestos. El fondo de becas fue de cerca de 40 millones.
El monto del pago fue modificado con la creación de la Base de Prestaciones y Contribuciones que cambio el sistema de pagos de los salarios mínimos al ajustarse el BPC en forma diferenciado a los salarios.
No todos los fondos recibidos sin embargo se destinan a becas como lo dispuso la primera Ley, ni a inversiones y gastos de la Universidad de la República como dispone el impuesto adicional. Los informes, reiterados, del Tribunal de Cuentas indican que la Comisión administradora superó el tope de gasto de 1,8% sobre los aportes recibidos que puede disponer legalmente para funcionar. Igualmente se informa que se aplicaron fondos en el ejercicio para determinados objetos no ajustado a derecho.
Pero eso es anecdótico. Lo central es que estudiar en la educación terciaria pública, deriva en el pago por 25 años de un impuesto que es el pago diferido de la matrícula. Una efectiva dinámica por la cual estudiar en la educación pública terciaria obliga a una contraprestación casi de por vida y que puede rondar entre 8 y 12 mil dólares actualizados a cada egresado. Queda la duda, si la Ley de Educación del 2009 que estableció la gratuidad de toda la educación, no contempla este subterfugio de un pago diferido que para algunos resulta peor, ya que no depende de si un profesional le fue bien o mal, si es ingeniero o profesor, en tanto carece de la justicia de estar asociado a sus ingresos reales. Igualmente, si no se le debería entregar a cada estudiante que ingresa en la Universidad, una información fidedigna de cuanto finalmente deberá terminar pagando en la educación gratuita en cada carrera para que compare con las matrículas que finalmente pagará en las universidades privadas. Graduarse más rápido y pagar menos de lo que parece no es poca cosa.

La educación que los políticos parecen no ver



Claudio Rama

Publicado en el Diario La República - Uruguay - 12-06-2011

La agenda política en Uruguay se ha focalizado en la educación. Sin duda reconociendo sus debilidades en la capacidad de formación de competencias para responder a las necesidades de la sociedad actual y para la contribución a un modelo de desarrollo que privilegie el valor agregado de trabajo altamente calificado. Ello además en un contexto donde Uruguay no podrá mantener su crecimiento sin un aumento de la productividad dada nuestra baja población, alta emigración y bajo desempleo. En la discusión, se constata sin embargo que la atención está acotada sólo a la educación pública: la concertación entre los partidos, los 50 puntos del Partido Colorado, el documento de Larrañaga o los comentarios del Presidente Mujica están focalizados en estos sectores. No se advierte la atención a la educación privada, ni como problema, ni como solución. Parecería que éste sector no existe. No es sólo un problema de enfoque sino también de una realidad dada por la baja presencia de la educación privada. Habría que dar vuelta esa visión y visualizar también como parte de los problemas de la política educativa, el escaso rol de la educación no estatal.
En el nivel terciario, no deja de ser llamativo que el Uruguay es el país de la región con menor peso de educación privada y uno de los menores del mundo. Un estudio del 2007 mostraba que la media de la matrícula privada era el 40% en toda la región, y Uruguay era el menor con apenas el 11%. Cuatro veces menos de la media regional. Argentina que tiene también una universidad pública de acceso abierto tenía 25% de matrícula privada. Otro estudio más actualizado y que excluye de los datos a Cuba, por cuando allí la universidad privada esta prohibida, muestra que en la región la educación superior privada era el 48% de la matrícula total en 2009, mostrando nuestra situación aún mas desequilibrada.
Esta escasa cobertura de la educación superior privada en el país, no es meramente el resultado del acceso gratuito a la educación terciaria, sino de una política pública orientada a limitar su expansión desde el año 2005. A pesar de ello múltiples impulsores, entre los cuales mejores niveles de eficiencia, la han expandido, pero ello ha sido más lentamente que en toda la región. El Anuario Estadístico de Educación 2008 del MEC, indicó que la educación pública terciaria concentra el 85.4% de la matricula, apoyado por el peso del sector público en la formación docente que es de hecho un monopolio, el cual sin duda incide en los resultados educativos nacionales. En el sector propiamente universitario, el sector público para el 2008 concentraba el 80.8% de la cobertura.
Mientras que del total del nivel terciario, el sector privado apenas representaba el 10,78% en el 2000, para el 2008, alcanzó al 14,62%, dada un incremento interanual del 10.85%, mientras que el aumento público fue menos de la mitad, el 6.13% en ese período. En la oferta universitaria, los datos muestran que en el 2000, las universidades privadas eran el 13.3% de los ingresos totales. Para el 2009, ese guarismo alcanzó al 20.7%, mostrando un incremento de 55.7% en el periodo y un aumento anual de 6.2% en la captación del sector privado de nuevos ingresantes a la universidad respecto a la UDELAR. Más allá del incremento de la matrícula privada, también se muestra un mayor nivel de eficiencia de las instituciones universitarias privadas en el egreso. Las universidades privadas eran el 19,5% del total de egresos universitarios en el año 2000 y subieron al 25.8% en el 2009. Un aumento total de 32% derivado de un incremento adicional de 3.6% cada año. La eficiencia del sector privado en captación esta aumentando aunque en mayor proporción que su eficiencia en titulación. Pero aún así, la tasa de egreso del sector privado es muy superior a la de la universidad pública. Tomando el indicador del egreso de un año respecto del ingreso de 4 años antes, el sector privado tenía una eficiencia de titulación del 54% en tanto que la eficiencia de titulación del sector público es 28.8%, o sea una eficiencia terminal del sector privado respecto al público del 87.5% superior. Ello más allá de reconocer la necesaria relativización en tanto en el sector público tiene un peso significativo de estudiantes de medicina cuyos tiempos técnicos de estudio son mayores. En la UDELAR, entran el 79.3% de los estudiantes y se gradúan el 74.2% del total de estudiantes universitarios.
La educación superior privada, aunque es más eficiente en estos indicadores, su aporte está también en la libertad para las personas y en una menor presión sobre el presupuesto público, en ser un ámbito de competencia y comparación que ayuda a una mayor diversidad en los mercados laborales. Bien valdría la pena que el mundo político, hoy tan atento a la educación, mire toda la película, y todas las opciones y oportunidades. Sin ello, verá sólo fotos parceladas.